DIA 2:
NODO 2026
Inicia #NODO2026! El encuentro multisectorial para conectar agendas y construir país. Analizamos los principales obstáculos para democratizar la información, la tecnología y la participación equitativa
Comenzamos la jornada del día 2 con el panel: Desafíos y Oportunidades para Guatemala en los próximos años. Con la participación de:
Eduardo Nuñez - Director del NDI para Centroamérica
Mariana Castellanos - Directora de Democracia y Participación Ciudadana Fundación Luis Von Ahn
Desde el espacio de diálogo y análisis, se concluye que:
Nodo de distribución y acceso: Es urgente superar la exclusividad que imponen las plataformas comerciales para garantizar que la información fluya hacia audiencias diversas y comunidades históricamente excluidas.
Nodo político-institucionales: Se requiere blindar los espacios de selección y participación pública frente a la influencia de actores políticos y partidos, garantizando una neutralidad real sin sesgos de poder.
Nodo de implementación tecnológica: El reto está en adoptar estándares e innovaciones tecnológicas internacionales integrándolos al contexto local, sin perder la autonomía ni la capacidad de adaptación territorial.
Continuamos con el segundo panel: Cómo recuperamos la confianza en el sistema judicial para consolidar el Estado de derecho?
Moderado por Andrea Rabanales (Directora de BE JUST)
Con la participación de:
• Astrid Lemus (Magistrada de la Corte de Constitucionalidad)
• Patricia Gámez (Presidenta del Colegio de Abogados de Guatemala)
Desde el nodo de justicia e institucionalidad, se concluye que:
La elección de un liderazgo femenino en el gremio jurídico consolida un hito de apertura, pluralidad e independencia para impulsar la transparencia en la gobernanza institucional.
La carrera judicial debe profesionalizarse urgentemente bajo criterios meritocráticos, éticos y técnicos, blindándose de influencias y sesgos políticos.
Es indispensable construir una justicia plural y cercana a la ciudadanía que incorpore la diversidad territorial y cultural, evitando la instrumentalización de la justicia constitucional.
La legitimidad del sistema exige un compromiso conjunto entre el gremio jurídico, las instituciones y la sociedad civil para vigilar, evaluar y blindar el Estado de derecho.
