Ministerio Público:

El punto de quiebre para Guatemala

Desde la plataforma multisectorial Dilemas de Fondo, creamos un espacio de diálogo para analizar las implicaciones de este proceso y su impacto en la gobernabilidad del país.

Margaret Satterthwaite, relatora Especial sobre la independencia de magistrados y abogados Experta ONU, señala que el Ministerio Público ha realizado acciones que distorsionan su mandato: proteger a la población de Guatemala, garantizando igualdad en el acceso a la justicia y a la denuncia. En cambio, se ha priorizado y se ha instrumentalizado la criminalización de actores que defienden la justicia, lo cual es totalmente inaceptable. Además, los mecanismos de control interno del MP están quebrados; esta situación no se originó en 2026.

También reconoce que si bien existe un debate sobre la honorabilidad y la transparencia de candidatos y candidatas, es importante que la sociedad —como también lo ha hecho la comunidad internacional— continúe atenta. Este acompañamiento es indispensable, especialmente cuando los perfiles evidencian carencias en esas garantías.

Jaime Chavez Alor, Director, Vance Center, reflexiona que, lamentablemente el MP se ha convertido en un instrumento de control vinculado a la persecución penal. El control judicial carece de independencia y coordina con el crimen organizado. El MP ha sido muy “eficiente” para criminalizar, con grandes operativos, mientras que en otros delitos persiste una completa impunidad.

También reconoce que el rol del Presidente fue claro desde el inicio: respetar los procesos. Los actores externos no pedimos que se falte a ese principio. Sin embargo, además de la participación que le confiere la Constitución, como jefe de Estado tiene una responsabilidad de liderazgo para procurar que los procesos tengan buenos resultados, aunque sea un desafío.

Juan Pappier, subdirector de la División de las Americas de Human Rights. menciona que la independencia judicial es una piedra angular de toda democracia funcional. Hoy en Guatemala no existe: jueces y fiscales temen ser perseguidos por quienes dirigen las instituciones. Esto debilita la justicia, afecta la capacidad del Ejecutivo y erosiona la democracia.

Por otro lado, reconoce que se necesita un MP que persiga la extorsión y el crimen organizado, y una Corte de Constitucionalidad que responda a la Constitución. La comunidad internacional observará, pero no vendrá a salvarnos.

El desafío es claro: si no se elige ahora a un o una fiscal independiente, el crimen organizado seguirá fortaleciéndose. Hay actores —incluso en el sector privado— interesados en mantener el status quo. La actual fiscal general no debería integrar la lista final: carece de la honorabilidad indispensable.